Campesinos rechazan pago de impuesto a las tierras rurales

Campesinos del cantón Lago Agrio expresaran un rotundo rechazo al pago del impuesto a las tierras rurales contemplada en la ley de equidad tributaria que grava con el pago de 8,91 dólares anuales por cada hectárea de tierra a partir de las 26 en adelante que posea un campesino.

De acuerdo al suplemento registro oficial 242 del 29 de diciembre del 2007, se crea el impuesto a las tierras rurales. Fue creado por la ley reformatoria para la equidad tributaria, se exoneró el cobro para los años 2008 y 2009 y entró en vigencia a partir del 2010, el plazo para el pago del impuesto venció en junio de este año.

Una asamblea campesina desarrollada el martes 20 de julio en Nueva Loja bajo la convocatoria del alcalde Yofre Poma del Movimiento País, misma que congrego a más de 300 agricultores, resolvieron exigir al gobierno nacional una reforma a la ley para que se exonere del pago del impuesto a los agricultores de la región amazónica que posean hasta 100 hectáreas de tierra.

En la Amazonía las fincas campesinas tienen en promedio una extensión de 50 hectáreas cada una, pero no todas están cultivadas, de allí que los agricultores hacen cuentas que la gran mayoría tendrían que pagar aproximadamente 222 dólares anuales de impuesto.

La ley exime del pago, los inmuebles ubicados a 3.500 sobre el nivel del mar. Inmuebles ubicados en áreas protegidas o reserva ecológica, tierras comunitarias, cooperativas legalmente registradas, bosques naturales, humedales calificados por el ministerio de ambiente, inmuebles propiedad del estado propiedades de universidades reconocidas por el CONESUP, inmuebles que ocupan una función ecológica y territorios que se encuentren en la categoría de patrimonio de áreas naturales del Ecuador, régimen provincial o cantonal.

Los agricultores de la provincia de Sucumbíos, argumentan que las tierras de la región amazónica no se comparan con la sierra y la costa donde son mas productivas y tienen mayor plusvalía. “Los campesinos no estamos en capacidad de soportar ese impuesto en medio de la crisis agropecuaria que vivimos” expreso Basilio Lapo presidente de la Federación de Organizaciones Productivas de la Vía Colombia FOPROVIC.

“No estamos en contra de pagar impuesto, pero que sea después de las 100 hectáreas” dijo Flavio Cordero campesino de la parroquia Jambeli, y argumentó que después de las cien hectáreas los campesinos declaran bosque protector, medida ayudara a controlar la deforestación de la región.

“Créanme que no puedo ni dormir con la preocupación al saber que no tengo de donde pagar ese impuesto que nos impone el presidente” señalo Carmen Tamayo campesina que vive en el recinto San Antonio de la vía Tarapoa y que vino de la provincia de Loja en el año de 1973. “Nos duele mucho que un gobierno que nos ofreció la patria para todos nos haga esto” agregó don Luís Alfredo del recinto Bermejo del cantón Cascales.

Para los agricultores de la provincia de Sucumbíos, el impuesto a las tierras rurales significa un paquetazo que reciben en medio de la escuálida economía que soportan, debido a los bajos precios del café, las secuelas de las fumigaciones con glifosato de Colombia y la falta de un verdadero plan de reactivación agropecuaria del gobierno nacional y autoridades seccionales.

“Exigimos que el presidente cumpla su promesa hecha el pasado mes durante el gabinete itinerante en Shuhsufindi”, señalaron varios dirigentes campesinos, el presidente Rafael Correa les ofreció realizar una reformar a ley para no afectar a los agricultores de la región Amazónica.

Frente al reclamo de los campesinos, el director provincial del Servicio de Rentas Internas, informó que una comisión técnica del SRI y el MAGAP, trabaja en la elaboración de una propuesta de reforma a la ley de equidad tributaria, en el punto que tiene que ver con el pago de impuesto a las tierras rurales. Agregó que los estudios realzados antes de formular la ley, se determina que en el país existen 842 mil unidades de producción, de las cuales el 2% de personas posen más de 100 hectáreas, el 13% entre 20 y 100 hectáreas y el 85% de campesinos del país quedarían exentos del pago, por que poseen menos de 25 hectáreas de tierra, afirmo el funcionario del SRI.

El funcionario trató de convencer a los campesinos con las bondades que tendría la ley, al señalar que los finqueros que tengan 50 hectáreas, bien pueden pedir una inspección al Ministerio de Ambiente, para que determine si parte de esas tierras son humedales o bosques primarios, por consiguiente quedarían exentos de pagar el impuesto.

A los campesinos no les convenció la propuesta y resolvieron convocar a una asamblea provincial para el viernes 30 de Julio donde sacaran una resolución general que será entregada al presidente de la república y Asamblea Nacional exigiendo la reforma de la ley con la exoneración del impuesto para la región amazónica.